La concejal Diana Rojas expresó hoy en plenaria, su inconformidad con la inclusión de nueve (9) artículos en el Plan de Desarrollo, en los que el alcalde Jorge Iván Ospina le solicita al Concejo de Cali, las autorizaciones necesarias para no tener que llevar a aprobación de la junta directiva de la ciudad, proyectos estratégicos como re-negociación de la deuda, venta de los predios del municipio, cambios en el POT, expropiación de tierras. entre otros, en los próximos cuatro (4) años.

Según la cabildante, la administración del alcalde Jorge Iván Ospina se está presentando como un gobierno autoritario que está desconociendo la labor de los concejales. “Aprobar estos artículos del Plan, es igual que cerrar el Concejo de Cali”.

También manifestó que – aunque el Plan de Desarrollo presentado es visionario -, nunca antes en la gestión pública de la ciudad, se había utilizado para pedir autorizaciones de este tipo, las cuales – insiste – requieren de un estudio detallado y minucioso. La inconformidad se genera porque de ser aprobado el acápite de autorizaciones, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, podría:

  1. Modificar todas las políticas públicas de la ciudad adoptadas en administraciones pasadas.
  2. Modificar los responsables e indicadores del Plan de Desarrollo que apruebe el Concejo, siendo inocuo el debate.
  3. Renegociar la deuda del municipio que a la fecha asciende a los 600 mil millones para tener más capacidad de crédito.
  4. Declarar de utilidad pública todos los predios que requiera, y así adquirirlos sin estudio por el Concejo de Cali.
  5. Enajenar todos los bienes fiscales del municipio, sin estudio ni autorización del Concejo.
  6. Modificar el POT en relación a planes parciales, planes maestros, índices de edificabilidad, entre otros, situación que considera ilegal por la normatividad especial para el POT.
  7. Realizar asociaciones público privadas que requieren aprobación del Concejo previo análisis minucioso por la Comisión de Entidades Descentralizadas que es creada para ello.
  8. Modificar los estatutos de la EMRU también sin aprobación y estudio del Concejo.

Estos artículos se encuentran en las disposiciones finales del Plan de Desarrollo

“Me eligieron para ponerle freno y desatornillar irregularidades, y concederle estas facultades al alcalde es entregar un cheque en blanco”, dijo la concejal. Por eso, también expresó su preocupación frente al hecho de que las autorizaciones no contengan un plazo para ser utilizadas, situación que manifiesta es ilegal, pues corresponde a transferir ilimitadamente las funciones constitucionales de la junta directiva de la ciudad, sin retorno. Es decir, el Concejo se quedaría sin voz ni voto.


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